Policía Nacional del Perú

La Policía Nacional del Perú es una institución del Estado creada para garantizar el orden interno, el  libre ejercicio de los derechos fundamentales de las personas y el normal desarrollo de las  actividades ciudadanas. Es profesional y jerarquizada. Sus integrantes representan la ley, el orden y la seguridad en toda la República y tienen  competencia para intervenir en todos los asuntos que se relacionan con el cumplimiento de sus funciones.

La finalidad fundamental de la Policía Nacional del Perú es garantizar, mantener y restablecer el  orden interno. Presta protección y ayuda a las personas y a la comunidad. Garantiza el  cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y privado. Previene, investiga y  combate la delincuencia. Vigila y controla las fronteras.

Son funciones de la Policía Nacional del Perú las siguientes [Ley orgánica de la PNP]:

1. Mantener la seguridad y tranquilidad públicas para permitir el libre ejercicio de los derechos fundamentales de la persona consagrados en la Constitución Política del Perú.
2. Prevenir, combatir, investigar y denunciar los delitos y faltas previstos en el Código Penal y leyes especiales, perseguibles de oficio; así como aplicar las sanciones que señale el Código Administrativo de Contravenciones de Policía.
3. Garantizar la seguridad ciudadana. Capacita en esta materia a las entidades vecinales organizadas.
4. Brindar protección al niño, al adolescente, al anciano y a la mujer que se encuentran en situación de riesgo de su libertad e integridad personal, previniendo las infracciones penales y colaborando en la ejecución de las medidas socio-educativas correspondientes.
5. Investigar la desaparición de personas naturales.
6. Garantizar y controlar la libre circulación vehicular y peatonal en la vía pública y en las carreteras, asegurar el transporte automotor y ferroviario, investigar y denunciar los accidentes de tránsito, así como llevar los registros del parque automotor con fines policiales, en coordinación con la autoridad competente.
7. Intervenir en el transporte aéreo, marítimo, fluvial y lacustre en acciones de su competencia.
8. Vigilar y controlar las fronteras, así como velar por el cumplimiento de las disposiciones legales sobre control migratorio de nacionales y extranjeros.
9. Brindar seguridad al Presidente de la República en ejercicio o electo, a los Jefes de  Estado en visita oficial, a los Presidentes de los Poderes Públicos y de los organismos constitucionalmente autónomos, a los Congresistas de la República, Ministros de Estado, así como a diplomáticos, dignatarios y otras personalidades que determine el reglamento de la presente Ley.
10. Cumplir con los mandatos escritos del Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Jurado Nacional de Elecciones, Ministerio Público y de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, en el ejercicio de sus funciones.
11. Participar en la seguridad de los establecimientos penitenciarios, así como en el traslado de los procesados y sentenciados de conformidad con la ley.
12. Participar en el cumplimiento de las disposiciones relativas a la protección y conservación de los recursos naturales y del medio ambiente, la seguridad del patrimonio arqueológico y cultural de la Nación.
13. Velar por la seguridad de los bienes y servicios públicos, en coordinación con las entidades estatales correspondientes.
14. Participar en la Defensa Nacional, Defensa Civil y en el desarrollo económico y social del país.
15. Ejercer la identificación de las personas con fines policiales.
16. Ejercer las demás funciones que le señalen la Constitución y las leyes.

La estrategia de la Policía Nacional para garantizar la seguridad ciudadana, se viene dando en dos ámbitos claramente definidos: Para combatir la delincuencia organizada y, para disminuir la delincuencia común. El primer conjunto de acciones están orientadas a combatir el crimen organizado, la delincuencia mayor, mediante el accionar de las direcciones especializadas; y el segundo tipo de medidas están centradas a luchar contra la delincuencia común, a través de la  actuación de las unidades territoriales a nivel nacional. En la práctica, es difícil establecer una línea divisoria que señale con claridad cuándo un hecho es un delito mayor y cuándo es un delito común. Por lo general, las unidades operativas de la Policía, sean estas especializadas o unidades territoriales, en el momento que se presenta un hecho policial actúan de inmediato. Luego si el hecho amerita, por su gravedad, la intervención de una unidad especializada, entonces las unidades territoriales comunican de inmediato para que se hagan cargo de ellas. Mientras tanto, se encargan de resguardar el lugar para evitar la alteración de la escena del delito.

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